Aún y con su estrategia para minimizar el impacto del Covid19, la gestión del presidente López Obrador en torno al reto más grande que en materia de salud hemos enfrentado, ha sido desastrosa. México ocupa, hoy en día, el tercer lugar a nivel global en número de fallecimientos en proporción al tamaño de su población (64,400/128,900,000). Por poner un ejemplo ilustrativo, la India con una población 10 veces superior, cuenta con el mismo número de muertos.
No es de extrañar que México se sitúe, junto con los Estados Unidos y Brasil, en el club de los países que peor han reaccionado frente a la emergencia. Al final del día, se trata de naciones bajo liderazgos demagógicos: Trump, Bolsonaro y López Obrador, a pesar de sus diferencias ideológicas, comparten un mismo tipo de personalidad: buscan la polarización, desestiman y tratan de ridiculizar al adversario, desprecian a las instituciones democráticas y son alérgicos al control institucional del poder. En México, los saldos de la pandemia se medirán no solo en el número de muertes, sino también en el terrible daño a la economía. El Secretario de Hacienda Arturo Herrera lo ha dejado muy claro ante miembros del partido en el poder: el 2021 México vivirá una de sus crisis más profundas. De hecho, el resultado de la encuesta sobre expectativas de especialistas en economía del sector privado, aplicada por el Banco de México, pronostica una contracción del Producto Interno Bruto para 2020 de aproximadamente el 10%. La peor de las que se tiene registro. Aunado a lo anterior, la expectativa de crecimiento para 2021 es del 2.88%. Si atendemos estas cifras, requeriríamos poco más de 3 años para que nuestra economía vuelva a los niveles previos a la pandemia. Es decir, en el mejor de los escenarios, el presidente López Obrador estará entregando un país que habrá crecido 0% durante su mandato. También, la peor cifra en décadas. Ausencia de crecimiento económico, pero con crecimiento poblacional, significa que esta administración terminará dejando a un mayor número de mexicanos en situación de pobreza. Para agravar la situación, el mismo secretario Herrera, ha informado que las secuelas de la pandemia nos tomarán con apenas instrumentos para hacer frente a la adversidad económica. Los fondos y los recursos con los que se contaba para hacer frente a este tipo de situaciones se han agotado en un tiempo récord. No se percibe, por otro lado, que su disposición por parte del gobierno de la república haya tenido algún impacto positivo en materia de bienestar. Mientras tanto, la sangría de recursos públicos continúa con proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de dos bocas o el tren maya. El rápido deterioro de la economía mexicana y la pésima gestión de la pandemia apuntados abren, sin embargo, una ventana de oportunidad para impulsar una participación copiosa y decidida en el próximo proceso electoral. En 2021 tendremos la oportunidad de llamar a un ejercicio democrático de rendición de cuentas al presidente López Obrador, a través de nuestro voto. Que la conformación de un congreso con mayoría opositora sea el primer camino en la reconstrucción de este México con paz, desarrollo y prosperidad que todos queremos.
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La reforma al sistema de pensiones propuesta por el Ejecutivo Federal es un paso positivo que debemos reconocer. Sin embargo, hay que ser cautelosos respecto sus efectos de mediano y largo plazo en el mercado de trabajo formal.
Al ser los patrones demandantes de fuerza de trabajo y al formar las aportaciones patronales, parte del precio que se paga en orden de adquirir tal fuerza, un aumento en dicho precio traería como consecuencia una disminución en la cantidad de fuerza de trabajo demandada. Al ser el trabajo informal un sustituto del trabajo formal, esto podría favorecer el incremento de la informalidad, lo cual paradójicamente terminaría perjudicando a un gran número de trabajadores, que se verían sin acceso a la seguridad social. El único medio que advierto para evitar dichas distorsiones en el mercado laboral, sería que este incremento se repercutiera en mayor medida por el lado del trabajador. Al final, es el trabajador el mayor interesado en proveer para su futuro. Sin embargo, en un país con tan bajos salarios como México, en el que buena parte de los trabajadores vive al día, esto no es posible y no lo será hasta que los salarios mejoren. Esto nos lleva al verdadero problema de fondo: la baja productividad. Desde el segundo trimestre de 2018 en el que se experimentó un incremento del 0.3% de la productividad laboral, no hemos vuelto a tener un solo trimestre de crecimiento en la materia. De hecho, la tasa anualizada de crecimiento de la productividad laboral con datos del primer trimestre de 2020 se ubicó en -1.5% y todo apunta que con el efecto adicional de la pandemia y de las malas decisiones gubernamentales, esta se hunda aún más. Lo anterior es terrible, ya que en cualquier economía funcional, los salarios no se pueden incrementar caprichosamente, por lo menos no más allá de un nivel tal (correspondiente con el que sería el salario de equilibrio en un mercado en competencia), que implicaría como resultado final un aumento en la tasa de desempleo o en la inflación. La única forma de elevar sosteniblemente los salarios, es incrementando la productividad. Sin embargo, incrementar la productividad conlleva mejorar la tecnología de producción y la cualificación de los trabajadores y es precisamente ahí, donde no estamos haciendo esfuerzos de fondo. Juntemos un virus hasta ahora desconocido, un desplome en los precios del petróleo y el gobierno con menores capacidades de gestión de los últimos 30 años y tendremos los ingredientes necesarios para la tormenta perfecta. Más allá de los terribles efectos que en materia de salud podría tener la expansión descontrolada del COVID-19 en nuestro país, no podemos olvidar que también tendrá importantes consecuencias económicas.
Cierto es que ningún gobierno pudo haber previsto la repentina irrupción del Coronavirus o la guerra petrolera desatada -a causa de este- entre Arabia Saudita y Rusia. Sin embargo, todo gobierno y el mexicano no es la excepción, sí es responsable de la buena o mala gestión de su economía, de lo que dependerá su capacidad para hacer frente con éxito a este tipo de situaciones. Al tenor de lo anterior, existe un consenso generalizado en el sentido de que México entrará en recesión. La pregunta que se hacen los especialistas gira en torno a cuál habrá de ser su tamaño. Por ejemplo, para Bank of America, la contracción de la economía mexicana, para 2020, se estima en un 4.5%, le sigue Credit Suisse con un 4%, Citibanamex con 2.6%, Barclays con 2%, JP Morgan con 0.4% y Goldman Sachs con 0.1%. Por el lado optimista, la OCDE y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) son los únicos organismos que proyectan un crecimiento económico por el orden de 0.7% y 0.5%, respectivamente. Frente a este escenario, el Gobierno de la República parece rebasado por la vertiginosidad de los acontecimientos, sin apenas acciones para mitigar los problemas económicos que se vienen. Por el contrario, el presidente se encuentra obstinado en creer que proyectos como el tren maya, el aeropuerto de santa lucía o la refinería de dos bocas, también se convertirán en salvadores de la economía mexicana. Para su mala fortuna, la mayor parte de los especialistas señalan lo contrario. Lo trágico de esta situación, es que quienes más resentirán las secuelas de una crisis económica serán los sectores más vulnerables y aquí será poco lo que una pensión, un programa de aprendices u otro para sembrar árboles, puedan lograr para mejorar su calidad de vida. El problema, de nueva cuenta, es que el presidente López Obrador no ha realizado el trabajo que le corresponde. El ejemplo más reciente de la indolencia gubernamental lo acabamos de vivir en la ciudad de Mexicali, en donde se organizó una consulta para determinar la apertura de una empresa que, presumiblemente, contaba con los permisos necesarios para su operación. Se trata de un primer ejercicio en el que se somete el Estado de Derecho al capricho de la muchedumbre. Pero también, constituye un pésimo precedente para la generación de inversiones. Lo he repetido ya en muchas ocasiones: sin inversión no hay empleo y sin empleo no puede haber el tan pregonado bienestar. Un presidente en campaña, preocupado y ocupado por las próximas elecciones es lo que menos necesitamos ante un escenario como el que se vive. Ante la emergencia del COVID-19, el presidente va desnudo y exhibiendo sus miserias. Si hay un candidato que puede vencer a Donald Trump ese es Joe Biden. Salvo que existiera un sistema que midiera la intensidad en las preferencias de los votantes, las posibilidades de que Bernie Sanders llegue a la presidencia de los Estados Unidos son más bien escasas. Cierto es que Sanders concita mayor fervor entre sus simpatizantes, respecto a la intensidad de los seguidores del otrora vicepresidente. No obstante, sería un error asumir que los seguidores de Sanders reflejan al votante promedio.
La ciencia política norteamericana ha acuñado el concepto de “votante medio” para hacer referencia (hago en lo subsiguiente una importante simplificación) a aquél que se encuentra ocupando una posición intermedia en un continuo imaginario en la ideología política izquierda – derecha. De hecho, es plausible pensar que la mayor parte de los votantes se sitúen precisamente alrededor de este votante imaginario, teniendo en los extremos a un menor número de electores altamente ideologizados. Lo anterior es muy relevante en un sistema electoral mayoritario y por tanto en un entorno bipartidista. Si son solo dos los candidatos con posibilidad de ganar la elección, el triunfo lo conquistará aquél que sea capaz de inspirar confianza en los votantes que se aglutinan en torno al centro. Es precisamente en este segmento de electores en donde Biden puede ser más competitivo. Más allá de si Bernie Sanders merece o no ser calificado como un socialista, la realidad es que así lo percibe una buena parte del electorado. En política la percepción cuenta y al final, fue lo que terminó por hundir a Hillary Clinton, a la que siempre se le percibió con desconfianza. El voto duro para los demócratas no es suficiente para poner a su candidato en la presidencia. Quien aspire derrotar a Donald Trump deberá convencer a millones de electores que en la anterior elección decidieron otorgar su confianza al actual presidente, pero que -sin embargo- no podríamos calificar de extremistas de derecha. No olvidemos, además, que la Presidencia de Trump ha logrado gozar de un período de bonanza económica que no podemos desdeñar. Si algo es valorado por el ciudadano norteamericano es precisamente la estabilidad económica. Si Bernie Sanders se alzara con la victoria, me temo que posterior al entusiasmo entre sus simpatizantes, el Partido Demócrata tendría que lamer las heridas de lo que bien podría ser una de las más estrepitosas derrotas en su historia. Sanders, podría contar con el voto de los suyos y del resto del electorado demócrata, pero difícilmente podría hacerse del voto centrista necesario para su elección. Lo peor, es que en su intento, podría arrastrar al resto de candidatos. De ahí que varias voces señalen que una candidatura de Sanders pondría en peligro el control demócrata en la cámara de representantes y convertiría también en un sueño guajiro el control del Senado. Hoy por hoy, y más allá del entusiasmo de los simpatizantes, Joe Biden es la opción sensata para conquistar al elector moderado, sin el cual obtener la Presidencia de los Estados Unidos es como la película: misión imposible. Es probable que estemos frente a una de las peores generaciones de políticos en nuestra historia. Para apoyar mi aseveración basta ver el pobre nivel exhibido por una gran parte de los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo. Lo trágico de esta situación, es que parece ser precisamente hoy, cuando se requiere de mayor capacidad y altura de miras.
Me centraré tan solo en el problema que ocupa la agenda de los últimos días: la exacerbación de la violencia en contra de las mujeres, que tiene su peor (pero no única) manifestación, en el delito de feminicidio. El problema, si bien presente desde hace décadas, hoy nos ha estallado en la cara y no podemos hacer otra cosa más que sentir vergüenza de ello. Debemos ser claros, no se trata de un problema creado por la presente administración. Hay muchas responsabilidades históricas que se tienen que repartir y que también se deben compartir. Sin embargo, lo que sí es responsabilidad de la administración del Presidente López Obrador y de todas las administraciones estatales, es la actitud con la que se encara el problema. No se puede, ni se debe caer en la indolencia. Por ello y con plena justificación, causa agravio cuando el titular del poder ejecutivo señala, que las manifestaciones en contra del feminicidio buscan desestabilizar a su gobierno. Lo menos que requerimos para enfrentar un reto de este tamaño es un gobierno inestable. Pero también, lo menos que necesitamos es un gobierno timorato, insensible o ignorante. Por el lado del legislativo las cosas no andan mucho mejor. La respuesta en la Cámara de Diputados fue un aumento en la pena correspondiente al delito de feminicidio. Se trata del típico caso de una política de más de lo mismo, que a efectos prácticos no significará ninguna mejora en la seguridad de las mujeres. Cada que ocurren actos condenables que cimbran a la opinión ciudadana, los legisladores parecen tener como única respuesta un aumento en las penas. Sin embargo, si algo nos ha enseñado el análisis económico del derecho, desde el trabajo seminal de Gary Becker, pasando por la acumulación de evidencia empírica sobre la eficacia disuasoria de la norma penal, es que las personas respondemos con mayor sensibilidad a cambios en la probabilidad de condena y no en variaciones en la magnitud de la sanción. En lenguaje terrenal: el problema está en la impunidad. De poco sirven penas muy altas si estas en el 99% de los casos no son aplicadas. A través de políticas de más de lo mismo estamos enviando un mensaje muy claro a toda clase de delincuentes: cometer delitos y agresiones es un buen negocio. Ante ese mensaje, no podemos esperar un cambio en sus conductas. Hechos son amores dice la sabiduría popular. El legislativo debería en este momento estar discutiendo qué requerimientos procesales y presupuestales se necesitan para que el subsistema de justicia penal funcione mejor. Estas medidas, sin embargo, no son de resultados inmediatos e implican comprometer recursos que gustosamente hoy se emplean en programas y estrategias orientados a la captación de clientelas electorales. En el cálculo legislativo, resulta mejor hacer como que se está haciendo algo. Mientras tanto, más y más mujeres siguen muriendo por el mero hecho de ser mujeres. Resolver este problema no es fácil y no se logrará en el corto plazo. Sin embargo, cuanto más tardemos en reaccionar, más difícil, largo y tortuoso se volverá el camino. Todos tenemos algo que aportar, en nuestra casa, en nuestra escuela o en nuestras oficinas. Hagamos un frente común en contra de cualquier manifestación de violencia, pero en particular de una de las más irracionales como lo es la violencia en contra de la mujer. El caso de Bolivia es señal inequívoca de que los sistemas políticos latinoamericanos continúan teniendo el mismo problema: su marcado acento personalista. El Gobernante se siente la encarnación de la voluntad popular y tarde que temprano termina perdiendo piso si los controles instituciones son débiles. La historia reciente de Bolivia, al igual que la de muchos países latinoamericanos, nos deja de nueva cuenta una importante lección: enamorarse del poder, se provenga de la derecha o de la izquierda, no suele terminar bien.
Poco que celebrar, sin embargo, en torno a la forma en la que se precipitó la renuncia de Evo Morales. Considero que esta se debió de dar como respuesta a un cada vez más creciente repudio popular y a la exhibida de la que fue objeto en torno al fraude electoral con el que pretendía ocupar un nuevo mandato. Sin embargo, la sombra militar se hizo de nuevo presente en América Latina, empañando con un golpe de Estado lo que pudo haber sido un movimiento social de carácter ejemplar. El resultado ha sido el peor posible: el fraude y el golpe militar como actos condenables y un país sumido en el caos institucional como resultado. Si la vida e integridad física de Evo Morales y de sus colaboradores más cercanos corre peligro en caso de permanecer dentro del territorio boliviano, entonces su recepción como asilados halla justificación. Llama la atención el hecho de que los principales países de la región lo han dejado solo. Es de entender que ante la afinidad ideológica compartida entre Evo Morales y el Presidente López Obrador, el ejecutivo federal haya dispuesto lo necesario para recibirlo en México. Debemos reconocer que el Presidente de la República saber ser amigo de sus amigos, sean estos aspirantes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o mandatorios caídos en desgracia. Nobleza obliga. Sin embargo, hay un trecho algo amplio entre asilar a un ex mandatario seriamente cuestionado y otorgarle el estatus de prócer de la democracia. El Estado mexicano deberá ser muy claro en los términos del asilo político que habrá de brindar al expresidente Morales. Sería un error permitirle intervenir en la vida política del país. Asimismo, el Ejecutivo Federal deberá transparentar cuáles serán los recursos y medios de los que dispondrá el ex presidente Morales durante su estancia en el país, si es que estos provienen como algunos suponen del erario público. Finalmente, desde este espacio del Laboratorio de Ideas de la Universidad de Sonora, hacemos votos porque la normalidad democrática pronto se restablezca en el país andino. Una vez que ello suceda y que existan garantías de respeto a sus derechos fundamentales, Evo Morales deberá responder a las imputaciones que en el ámbito de la justicia se le hicieran, si así fuera el caso. Llegado el momento, sería lamentable que México se convirtiera en un obstáculo para ello. Lo que ayer vimos en Culiacán fue la claudicación del Estado Mexicano ante el crimen organizado. Ciertamente los hechos no se explican si no es en función del deterioro que se ha experimentado en el país a partir de la denominada guerra contra el narco comenzada en el sexenio de Felipe Calderón. Bastante se ha discutido al respecto. Creo que son pocos los que pueden negar el hecho de que no era posible seguir permitiendo la actuación con total impunidad de los carteles de la droga. Si la estrategia orientada al desmembramiento de estas organizaciones delictivas era o no la más adecuada, excede notablemente los alcances de esta colaboración.
No obstante lo anterior, la responsabilidad directa de lo suscitado en la capital de Sinaloa es de la presente administración. Contrario a lo apuntado por la narrativa del Secretario de Seguridad sobre el carácter fortuito de los acontecimientos, los hechos, las imágenes y los vídeos, señalan en otra dirección: un operativo pobremente planeado, mal ejecutado y sin la más mínima coordinación. El resultado no pudo haber sido peor: la imagen de un gobierno derrotado. Por si fuera poco, en nada ayudó el silencio del titular del Poder Ejecutivo. El Presidente López Obrador, aun teniendo conocimiento de la situación, decidió abordar un vuelo comercial que lo mantendría, por lo menos parcialmente, incomunicado en uno de los momentos más críticos que ha vivido la seguridad de este país. Fiel al estilo que lo ha caracterizado cuando lo sacan de su zona de confort, López Obrador decidió aplicar la de ojos que no ven y dejó que otros asumieron la responsabilidad de dar la cara. El resultado fue desastroso y lo pintó de cuerpo entero. Finalmente, el Presidente llegó a su destino, bajó del avión y no dio declaraciones. Al Secretario de Seguridad Pública no le fue mejor que a su jefe. Desde lo que a mi parecer fue una mala puesta en escena, le correspondió la difícil tarea de desarrollar un inverosímil guion, con un desenlace vergonzoso: la liberación del detenido en aras de apaciguar a las fuerzas del crimen organizado, que se revelaban muy superiores a las capacidades institucionales. El resultado en términos de incentivos es malo. La delincuencia organizada ya sabe que puede doblegar fácilmente a este gobierno, timorato en el uso legítimo de la fuerza para la preservación del orden público. De hecho, esta debilidad ya la atestiguamos cuando grupos infinitamente más débiles que los carteles de la droga, como el de los estudiantes normalistas, también doblegaron al gobierno en torno a sus exigencias. La falta de estrategia y de coordinación, también quedó de manifiesto con la desafortunada intervención de la Secretaria de Gobernación a través de sus redes sociales. A pocas horas de los acontecimientos, la Secretaria Sánchez Cordero apareció promoviendo los trabajos comenzados por el ejército para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Posteriormente, sus siguientes comentarios fueron en torno a eventos relacionados con la política de género. Ni una sola palabra sobre los acontecimientos suscitados o sobre la gobernabilidad del país. Ausente en su totalidad de la realidad. Si todo esto no nos invita a la reflexión y no genera un movimiento contundente entre la ciudadanía, que exija de una vez por todas al Presidente de la República ponerse a gobernar, difícilmente se generarán los cambios que este país requiere. Nuestro México no va a progresar si no combatimos eficazmente a la violencia. Ese combate no será efectivo si no regeneramos nuestro tejido social. Y no regeneraremos ese tejido mientras no tengamos crecimiento económico. Y así, mientras el país se nos deshace entre las manos, el Presidente se nos fue a Oaxaca, relajado, relajado, relajado. mexicana. La mayoría en el Senado de la República terminó por cancelar toda esperanza de construir, en el corto o en el mediano plazo, un sistema de educación pública de calidad. El tema ya había sido avanzado en la Cámara de Diputados en donde la bancada presidencial festejaba la aprobación de una contrarreforma en materia de educación que más bien debería de causar vergüenza.
La educación es un bien esencial para el desarrollo de las personas. La movilidad social ascendente no es posible sin una educación pública de calidad. La igualdad formal entre las personas reconocida por nuestra Constitución nunca podrá configurarse en una igualdad material o de oportunidades, si no es mediante la construcción por parte del Estado de un buen sistema educativo. Lamentablemente, hoy en día, la brecha que separa a la educación pública de la privada es cada vez mayor y resulta determinante para explicar las posibilidades de desarrollo futuro de nuestros estudiantes. Debemos reconocer que el problema de la educación no es asunto nuevo, ni es responsabilidad de la presente administración. El modelo de partido dominante propició alianzas de tipo corporativo con diversos actores sociales, siendo los sindicatos y en el caso concreto el sindicato magisterial, uno de los más relevantes. Bajo esta lógica, el Partido del Gobierno aseguraba la recepción de un importante caudal de votos y el Sindicato se aseguraba el control de la asignación de las plazas existentes. El incentivo como se puede advertir era perverso: al aula no llegaban necesariamente los más capaces o lo más preparados, sino aquellos mejor relacionados con la dirigencia magisterial, que eran a su vez los que mejor podían garantizar lealtad a las directrices de esta. Así, muchos buenos maestros se veían imposibilitados por la vía de los hechos para acceder a mejores condiciones de trabajo. El ser un maestro diligente y comprometido con sus estudiantes simplemente no redituaba. Aún así, la historia de nuestro país está plagada de múltiples ejemplos de maestras y maestros verdaderamente comprometidos con la formación de sus estudiantes. No obstante el esfuerzo y el empeño de estos verdaderos héroes, el modelo corporativo en la educación no ha dado resultados satisfactorios. Mediciones internacionales sobre calidad educativa como PISA, sitúan a nuestro país a la zaga de los estados integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Así y con datos del 2015, el desempeño mexicano en ciencias, lectura y matemáticas, se situó por debajo del promedio y menos del 1% de los estudiantes evaluados logró alcanzar niveles de excelencia. Es por estas razones que en un ejercicio inédito representado por el “Pacto por México”, las que en dicho momento eran las principales fuerzas políticas del país, decidieron emprender una ambiciosa reforma educativa que apostaba por la transición del viejo y disfuncional modelo corporativo a uno de tipo meritocrático. Un modelo en donde todos los que tuvieran competencias, habilidades y vocación para la docencia, tuvieran la oportunidad de acceder a alguna plaza y en el que se premiara a los buenos maestros y se otorgaran oportunidades de superación a aquellos con rendimientos no satisfactorios. No en vano, esa reforma fue ampliamente reconocida por propios y extraños dentro y fuera del territorio nacional. Acostumbrados como a estamos al modelo de país de un solo hombre. La reforma educativa duró hasta que terminó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador, formado en la vieja escuela del PRI, entendió que el camino a la Presidencia se allanaba con el apoyo de las estructuras magisteriales y que este apoyo no sería posible sino a través de un pacto de restauración. El resto es historia. Con la aprobación de la contrarreforma educativa, la bancada del Presidente ha determinado que nuestras niñas y jóvenes pueden seguir esperando. Se trata de la victoria de la alianza político electoral con un sector del magisterio por sobre el interés superior de la niñez y de la juventud mexicana. Por ello, la contrarreforma educativa es al final del día una condena de pobreza para los más pobres. Sorprende, además, que muchos de los detractores de la reforma educativa fueron los que, bajo otras siglas partidistas, antaño con entusiasmo la promovieron. Tiempos traen tiempos y más si estos son electorales. Por todo esto no nos sorprenda si con el paso de los años nos seguimos preguntando por qué México no avanza. Tal vez y en ese momento recordemos la famosa frase de las justas deportivas: la tuvimos y la dejamos ir. Una de las hipótesis más provocadoras de la Física teórica tiene que ver con la existencia de múltiples universos. Una de sus versiones sostiene que: si el Universo es infinito, entonces existen infinitas versiones de uno mismo más allá de aquel segmento del Universo que podemos llegar a conocer. Si existen infinitas versiones de uno mismo y por tanto de todos los que habitan, han habitado y habitarán nuestro planeta, entonces todos y cada uno de los posibles acontecimientos asociados a dicha vida han ocurrido, ocurren y ocurrirán, en idénticos planetas en algunos lugares de dicha vastedad.
Por eso no podemos descartar que el Presidente López Obrador provenga de alguna de las más lejanas regiones del espacio-tiempo en la que, efectivamente, han ocurrido todos los sucesos que en su Primer (tercer) informe ha relatado. El problema de esto es que, como tecnológicamente nos es imposible transportarnos a los más remotos parajes de nuestro cosmos, para quienes habitamos esta tierra, en este universo, la única realidad es la que vivimos aquí y en el ahora. Esa realidad dista mucho de la señalada por el Presidente. López Obrador no ha terminado de entender que la política consiste en algo más que comunicar. Si bien la capacidad de transmitir ideas y emociones es una parte importante de la misma, igual de relevante resulta el hecho de que esas expresiones estén acompañadas de acciones que se traduzcan en una mejora sustantiva en la calidad de vida de las personas. Esa mejora puede ser calibrada en términos de indicadores. Esos indicadores deben estar relacionados con los impactos y no con las acciones de las políticas públicas. Por ejemplo, de poco sirve saber que se distribuyó “x” número de apoyos alimentarios, si no sabemos si esos apoyos mejoraron indicadores nutricionales en sus destinatarios. Aunque el primer informe del Presidente López Obrador se corresponde con apenas 9 meses de gobierno, lo cierto es que el balance parece ser negativo: una economía estancada y pobres resultados en materia de seguridad son algunos de sus signos distintivos. Me detendré un poco en lo primero. La economía mexicana no va bien. En un entorno en el que los Estados Unidos ha seguido creciendo, no es posible hallar explicación más convincente sobre el estancamiento económico, que aquella que apunta a desaciertos de política económica de la actual administración. La cancelación de proyectos importantes como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (tan festejado por el titular del ejecutivo) o el ataque constante a la reforma energética, han sido pésimas señales que el Gobierno mexicano ha enviado a los mercados internacionales y los mercados han reaccionado con reticencia a la inversión. Hoy para el Gobierno mexicano, resulta costoso atraer inversiones, dadas las altas tasas de interés asociadas a la percepción de riesgo-país. La cancelación de la reforma educativa ha sido otro de los grandes errores de la actual administración. En un afán por construir una narrativa en torno a la nueva edificación de México, han dado al traste con una reforma orientada a mejorar la calidad de la educación, cimentada en la generación de un entorno de incentivos que premiaría a los buenos maestros. La alternativa del Gobierno de la República: entregar el control de la educación de nueva cuenta a los sindicatos, bajo el viejo modelo de control magisterial que tanto daño nos causó. El resultado de esta decisión, paradójicamente, será el aumentar la asimetría existente entre la educación pública y la privada, contribuyendo a perpetuar el círculo vicioso de la desigualdad. La política económica constituye otro desacierto en la administración de López Obrador. Es sintomático cuando el Presidente señala que su principal propuesta en la materia reside en el combate a la corrupción. Combatir la corrupción es fundamental, pero es una lectura en extremo simplista asumir que ello es condición suficiente para resolver nuestros graves problemas de crecimiento, productividad, competitividad y pobreza. Por otro lado, no deja de llamar la atención que mientras el Presidente insiste en que la corrupción ya se acabó, hoy experimentamos desabasto en medicamentos tan importantes para la vida de las personas como aquellos enfocados a la lucha contra el cáncer. Al titular del ejecutivo muy pronto se lo olvidó su afirmación de que al acabar con la corrupción nos alcanzaría para todo. Festinar el cierre de organismos para la promoción económica como el caso de ProMéxico, revela una profunda ignorancia. Aún más cuando falsamente señala que en otros países estos organismos no existen. De todos es sabidos que las principales economías del mundo mantienen oficinas de representación y promoción comercial como parte de sus políticas de fomento a este tipo de actividades. El Presidente es nostálgico de una economía cerrada en donde el Estado es el principal promotor y guía del desarrollo. Lamentablemente, ese modelo económico ha demostrado su rotundo fracaso allá donde se ha implementado. Pocas cosas son tan perniciosas para un país como el escaso conocimiento de un gobernante sobre principios económicos. Particularmente llamó mi atención el llamado del Presidente en torno a la construcción de una denominada soberanía alimentaria. La idea es que el país no requiera de importar los alimentos que sus habitantes consumen. Esta idea ignora un concepto económico fundamental como los es el de ventaja comparativa. Todos podemos estar mejor produciendo aquello en lo que somos eficientes y comprando a otros aquello en lo que esos otros son eficientes. Este es el fundamento del comercio internacional y el comercio ha sido uno de los principales factores explicativos del progreso humano. Por el lado de la política social los resultados son mixtos. Es justo reconocer a programas como el de apoyo a las personas con discapacidad. México desde hacía tiempo tenía una deuda pendiente con este sector de la población. Hoy la deuda sigue, pero no podemos negar el hecho de que este programa representa un avance importante. Sin embargo, esto se empaña con casos como el programa “Jóvenes construyendo futuro”, uno de los más cuestionados de la presente administración y sobre el cual han recaído diversas sospechas de corrupción. Por otro lado, el programa de becas a estudiantes podría mejorarse, si los montos de dichas becas e asociaran al cumplimiento de ciertas corresponsabilidades como lo pueden ser aquellas relacionadas con su rendimiento académico y con el cumplimiento de chequeos médicos, entre otras. El problema de la política social es que su éxito no depende de las buenas intenciones, sino de un diseño que atienda a criterios de carácter racional. Lamentablemente la actual administración desapareció programas como Prospera que funcionaban razonablemente bien, a cambio de crear políticas al vapor. Entre las buenas noticias también cabe destacar el anuncio de la construcción de algunas infraestructuras. Invertir en infraestructuras es mejorar nuestras condiciones para la producción y para la competitividad. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en que esas infraestructuras tengan una tasa de retorno positiva y no se conviertan con el paso del tiempo en elefantes blancos que lejos de arrojar dividendos terminan fagocitando los recursos del Estado. El tren maya podría ser un buen ejemplo del riesgo que entrañan proyectos sin la debida preparación. Hay que reconocer que el Presidente fue sincero en torno a los malos resultados en el tema de la seguridad pública. Lejos de disminuir, la violencia se ha ido acrecentando. Lamentablemente el Estado parece haber claudicado en su compromiso de crear mejores sistemas de policía y ha decidido otorgar al ejército funciones para los que no está debidamente formado. Un riesgo de esto es que si el ejército es incapaz de lograr resultados en la materia, su legitimidad social se vea trastocada. Terminaré señalando que a 9 meses de su gobierno, el Presidente aún está a tiempo de rectificar el rumbo perdido. Para ello, sin embargo, se requiere de humildad para saber escuchar a sus colaboradores más experimentados. Por parte de sus colaboradores, se requiere de valentía par dar a conocer sus opiniones. Si tuviese que resumir el principal reto para México, este sería el del crecimiento económico. No nos hagamos ilusiones. México no va a lograr desarrollo si no hay crecimiento. El crecimiento es condición necesaria para el desarrollo, quién sostenga lo contrario simplemente está mintiendo. No podemos distribuir aquella riqueza que no se ha creado y si queremos repartir aquella ya existente, entonces le tenemos que quitar a unos para darle a otros. Si hacemos esto, los creadores de riqueza estarán menos dispuestos a crearla. No hay soluciones mágicas. Vivimos nuestra propia realidad, no una realidad alterna. Hace algunos días la Diputada local Yumiko Palomares presentó a Comisiones del Congreso de Sonora una iniciativa de reformas legislativas a favor del denominado matrimonio igualitario. Desde entonces han sido diversos sectores sociales los que se han pronunciado a favor y en contra de la propuesta.
He de señalar que no encuentro argumentos convincentes para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, como tampoco los encuentro a favor de la propuesta de crear una figura ad hoc a las pretensiones de quienes hoy son discriminados a causa de su preferencia sexual. El Código de Familia del Estado de Sonora establece en su artículo 3 que las funciones de la familia son: “garantizar la cohabitación, el respeto y la protección recíproca entre los miembros de la pareja”. Todas estas son funciones que no están relacionadas para su materialización con el sexo de las personas. Proponer la creación de las denominadas uniones civiles para tutelar exactamente los mismos bienes jurídicos es, como se puede concluir, discriminatorio y terminaría generando una duplicidad innecesaria de figuras jurídicas, lo cual va en contra de un principio de elemental economía. Por otro lado, los opositores a la medida señalan que permitir el matrimonio igualitario entraña el peligro de abrir la puerta a la adopción homoparental, como si los homosexuales fueran individuos incapaces de mostrar empatía o interés hacia las necesidades de los demás y en el caso concreto del menor. En todo caso, la legislación civil sonorense no exige el matrimonio como requisito para la adopción, aunque la autoridad -a mi juicio de forma incorrecta- restringe tal posibilidad por la vía de los requerimientos administrativos. Nuevamente, como si el ser madre o padre soltero significara alguna clase de impedimento para cumplir a cabalidad la función y responsabilidades de la crianza. Hay un problema adicional que se pone de manifiesto como reflejo del tema que estamos abordando. Ese problema tiene que ver con la escasa convicción democrática que han reflejado los principales actores políticos de la entidad. La mayor parte de los integrantes del Poder Legislativo y el Ejecutivo del Estado (todos ellos con facultad para la presentación de iniciativas en materia legislativa) ha sido de alguna forma omisos en su deber de hacer valer a la Constitución. El Sistema Político Mexicano, a cuyas reglas han convenido ceñirse quienes detentan distintos cargos de elección popular, establece que la norma fundamental es la Constitución y que el interprete máximo de la misma lo es la Suprema Corte de Justicia. Luego entonces, lo que dice la Corte a través de su jurisprudencia, es lo que dice la Constitución, aunque esta no lo contenga explícitamente. Por supuesto que se puede discrepar de ello y es válido que algunas personas no estén de acuerdo con los criterios del máximo tribunal. Discutir y debatir la jurisprudencia constitucional también es sinónimo de vitalidad en la cultura democrática. Es más, la propia Corte, como ha sucedido en México y en otros países, puede variar a lo largo del tiempo sus criterios de interpretación constitucional. Sin embargo, en tanto no lo haga, esos criterios y esas interpretaciones deben de ser observadas. Los actores políticos no actúan en el vacío, es normal que tengan preferencias ideológicas o estratégicas sobre estos temas. Un gobernante puede estar legítimamente preocupado por cómo decisiones que tocan fibras sensibles en muchas personas, pueden modificar sus expectativas electorales. En otros casos, puede tratarse simplemente de dilemas de carácter moral. Sin embargo, en tanto integrantes de los poderes del Estado, la ética política les impone el deber de procurar el máximo respeto al orden constitucional y es aquí donde han fallado, al impedir que el Código de Familia de Sonora pueda ser armonizado de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, que considera violatoria de derechos humanos cualquier disposición que limite el matrimonio solo a la unión de personas de distinto sexo o que establezca como finalidad esencial de dicha institución la procreación. Todo esto ha ocasionado que en Sonora ejercer un derecho humano como el derecho a la no discriminación sea un ejercicio que comporte pesadas cargas económicas, vinculadas a la sustanciación de un juicio de amparo cuyo resultado es completamente predecible. Sonora requiere de políticos dispuestos a anteponer los principios del juego democrático por sobre sus creencias e ideas personales, por más legitimas que estas pueden ser. Solo así estaremos dando pasos firmes en la construcción de un verdadero estado de derecho. |
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