Hace algunos días la Diputada local Yumiko Palomares presentó a Comisiones del Congreso de Sonora una iniciativa de reformas legislativas a favor del denominado matrimonio igualitario. Desde entonces han sido diversos sectores sociales los que se han pronunciado a favor y en contra de la propuesta.
He de señalar que no encuentro argumentos convincentes para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, como tampoco los encuentro a favor de la propuesta de crear una figura ad hoc a las pretensiones de quienes hoy son discriminados a causa de su preferencia sexual. El Código de Familia del Estado de Sonora establece en su artículo 3 que las funciones de la familia son: “garantizar la cohabitación, el respeto y la protección recíproca entre los miembros de la pareja”. Todas estas son funciones que no están relacionadas para su materialización con el sexo de las personas. Proponer la creación de las denominadas uniones civiles para tutelar exactamente los mismos bienes jurídicos es, como se puede concluir, discriminatorio y terminaría generando una duplicidad innecesaria de figuras jurídicas, lo cual va en contra de un principio de elemental economía. Por otro lado, los opositores a la medida señalan que permitir el matrimonio igualitario entraña el peligro de abrir la puerta a la adopción homoparental, como si los homosexuales fueran individuos incapaces de mostrar empatía o interés hacia las necesidades de los demás y en el caso concreto del menor. En todo caso, la legislación civil sonorense no exige el matrimonio como requisito para la adopción, aunque la autoridad -a mi juicio de forma incorrecta- restringe tal posibilidad por la vía de los requerimientos administrativos. Nuevamente, como si el ser madre o padre soltero significara alguna clase de impedimento para cumplir a cabalidad la función y responsabilidades de la crianza. Hay un problema adicional que se pone de manifiesto como reflejo del tema que estamos abordando. Ese problema tiene que ver con la escasa convicción democrática que han reflejado los principales actores políticos de la entidad. La mayor parte de los integrantes del Poder Legislativo y el Ejecutivo del Estado (todos ellos con facultad para la presentación de iniciativas en materia legislativa) ha sido de alguna forma omisos en su deber de hacer valer a la Constitución. El Sistema Político Mexicano, a cuyas reglas han convenido ceñirse quienes detentan distintos cargos de elección popular, establece que la norma fundamental es la Constitución y que el interprete máximo de la misma lo es la Suprema Corte de Justicia. Luego entonces, lo que dice la Corte a través de su jurisprudencia, es lo que dice la Constitución, aunque esta no lo contenga explícitamente. Por supuesto que se puede discrepar de ello y es válido que algunas personas no estén de acuerdo con los criterios del máximo tribunal. Discutir y debatir la jurisprudencia constitucional también es sinónimo de vitalidad en la cultura democrática. Es más, la propia Corte, como ha sucedido en México y en otros países, puede variar a lo largo del tiempo sus criterios de interpretación constitucional. Sin embargo, en tanto no lo haga, esos criterios y esas interpretaciones deben de ser observadas. Los actores políticos no actúan en el vacío, es normal que tengan preferencias ideológicas o estratégicas sobre estos temas. Un gobernante puede estar legítimamente preocupado por cómo decisiones que tocan fibras sensibles en muchas personas, pueden modificar sus expectativas electorales. En otros casos, puede tratarse simplemente de dilemas de carácter moral. Sin embargo, en tanto integrantes de los poderes del Estado, la ética política les impone el deber de procurar el máximo respeto al orden constitucional y es aquí donde han fallado, al impedir que el Código de Familia de Sonora pueda ser armonizado de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, que considera violatoria de derechos humanos cualquier disposición que limite el matrimonio solo a la unión de personas de distinto sexo o que establezca como finalidad esencial de dicha institución la procreación. Todo esto ha ocasionado que en Sonora ejercer un derecho humano como el derecho a la no discriminación sea un ejercicio que comporte pesadas cargas económicas, vinculadas a la sustanciación de un juicio de amparo cuyo resultado es completamente predecible. Sonora requiere de políticos dispuestos a anteponer los principios del juego democrático por sobre sus creencias e ideas personales, por más legitimas que estas pueden ser. Solo así estaremos dando pasos firmes en la construcción de un verdadero estado de derecho.
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Esta semana el CONEVAL dio a conocer los resultados más recientes de su ejercicio para la medición de la pobreza en México. Recordemos que nuestro país adopta un enfoque mutidimensional para cuantificar dicho fenómeno, mismo que parte de dos ejes fundamentales: por un lado, está el ingreso de las personas y por otro, el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada. Cuando esos derechos no se pueden ejercer plenamente se dice que estamos ante una carencia social.
Los datos publicados por el CONEVAL permiten medir resultados a lo largo de toda una década. En términos absolutos y relativos, es decir tanto en número como en porcentaje respecto al total de habitantes, la población en situación de pobreza extrema tuvo un descenso de 3 millones de personas, pasando de representar el 11% de la población en 2008 al 7.4% en 2018. Lo anterior es importante ya que se trata de la pobreza que más lastima. Sin embargo, en esos mismos términos, la población que se encuentra en pobreza moderada aumentó en 3.3 millones. Si tomamos en cuenta que los 3 millones que estaban en pobreza extrema pasaron a formar parte de las filas de la pobreza moderada, podemos concluir que el conjunto denominado pobreza (suma de pobreza extrema y pobreza moderada) experimentó un crecimiento de 300 mil personas. No obstante este incremento, si tomamos en cuenta el crecimiento poblacional experimentado en los últimos 10 años, el porcentaje de personas en situación de pobreza disminuyó, al pasar del 44.4% al 41.9%. Se trata de un magro resultado, no obstante lo positivo en la reducción de la pobreza extrema. Si atendemos a la desagregación de la información, podemos observar como todas las carencias sociales disminuyeron, salvo aquella relacionada con la alimentación. Para entender este fenómeno debemos de partir del hecho -ya referido- de la incorporación de 300 mil personas al subconjunto pobreza moderada, situación que se explica, atendiendo a la información proporcionada por el CONEVAL, debido al aumento de la población vulnerable por ingresos, misma que pasó del 4.7% en 2008 al 6.9% en 2018. Una primera conclusión que podemos extraer es que sí es posible combatir a la pobreza extrema mediante programas enfocados a la reducción de las carencias sociales. La Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) fue un importante esfuerzo de coordinación para el combate a la pobreza mediante la reducción de carencias que tuvo lugar durante la administración del Presidente Peña Nieto. En el período 2014-2018, mismo que se corresponde con la ENI, todas las carencias sociales en el país disminuyeron. Programas como PROSPERA (anteriormente Oportunidades) funcionaban razonablemente bien, Hoy, sin embargo, ya no existen. En el caso de Sonora también se advierte un descenso de carencias sociales, particularmente en materia de rezago educativo, acceso a la salud, seguridad social, así como calidad y espacios en la vivienda. Sin embargo, hemos fallado en lograr mejores resultados en los indicadores relacionados con el ingreso de las personas, variable estrechamente ligada al crecimiento económico, asignatura pendiente y en la que aún estamos debiendo. Lo anterior queda de manifiesto en el aumento que tuvo en los últimos dos años el porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de bienestar (36.1% a 36.9%), mismo que impacta carencias sociales como la relacionada con una alimentación adecuada y que explica en cierta medida a mi parecer, el ligero repunte de la pobreza en nuestra entidad durante el mismo período (27.9% a 28.2%). No obstante lo anterior y si tomamos como punto de partida la situación que se tenía en 2014, el balance para Sonora es positivo, toda vez que los subconjuntos pobreza extrema y pobreza moderada, así como todas las carencias sociales con excepción de los servicios básicos en la vivienda, han experimentado reducciones. Por lo expuesto, podemos también señalar que la estrategia de coordinación y focalización de esfuerzos para el abatimiento de rezagos da buenos resultados, pero estos son insuficientes si no se acompañan con políticas públicas que promuevan el crecimiento económico de nuestra entidad. Finalmente, no puedo dejar de mencionar el hecho de que la pobreza también es un fenómeno que se ve afectado por las altas tasas de natalidad en la población de menores ingresos y que crea una presión constante sobre todo en temas relacionados con la vivienda. Es por ello que parte de una política integral para mejorar la vida de las personas debe también enfocarse en aspectos relacionados con el control de la natalidad. |
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September 2020
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